El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio al escrutinio ciudadano.

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+ Se fueron aquellos tiempos en que el Servicio Secreto ò Policía de Investigación los coptaba y ponía a su disposición, no a disposición de la autoridad competente.

+ La Delincuencia nos alcanzo, le dieron tiempo…..y la afectada es la Ciudadanía, merced a aquellos.

En la actualidad la delincuencia nos ha alcanzado, las cifras oscuras y reales se diferencian por un porcentaje muy alto, el miedo y el resultado que proporcionan los que tienen a su cargo la procuración e impartición de justicia han quedado en el ostracismo, el nuevo sistema de justicia penal tiene un gran compromiso, que la sociedad en su conjunto hable acerca de sus resultados ò defenestren este sistema que solo pone al antes indiciado como presunto inocente y le otorga beneficios incomparables al sistema anterior ò tradicional.

En este orden de ideas, el alcance de la procuración de justicia federal en el SJPA consiste en tomar como elementos fundamentales las disposiciones incluidas en la modificación constitucional del 2008. Entre otras tenemos que se elevó a rango constitucional de manera explícita la presunción de inocencia y se colocó a los derechos humanos en el centro del proceso penal. También se previó el desarrollo de la investigación hacia un modelo más ágil y efectivo por parte de la Institución del Ministerio Público y sus auxiliares directos, las policías y los servicios periciales.

Por parte de la víctima, se pretende lograr una efectiva reparación del daño a su favor, brindarle protección ante posibles represalias de la persona imputada y asegurar su participación en el juicio directamente para hacer valer sus derechos e impugnar resoluciones. El imputado también tendrá garantías para su defensa, tales como enfrentar el proceso en igualdad de condiciones con la parte acusadora, para argumentar y presentar datos y elementos probatorios, asesorado por un defensor y en presencia de un juez.

Como se señaló, la reforma a nuestro sistema de justicia penal también implica la implementación de un proceso penal de corte acusatorio y oral, el cual, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, el proceso penal acusatorio mexicano tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Con base en estos principios procesales, los servidores públicos tienen la obligación de proteger los derechos humanos de las partes en el proceso penal (persona imputada y su defensor; víctima y su asesor jurídico), especialmente durante las fases de la investigación. Estos derechos son: respeto a la intimidad y a la privacidad; a una justicia pronta; a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata; a ser informados de sus derechos y al respeto a la libertad personal.

La conversión hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) representa un desafío para todos y cada y uno de los operadores del sistema en el ámbito federal y en las entidades federativas. No obstante, el reto en particular para la Procuraduría General de la República (PGR) tiene varias implicaciones entre las cuales se destacan tanto los cambios y adecuaciones a los modelos de gestión y de trabajo de las unidades de investigación y control de procesos, como el desarrollo de la profesionalización y competencias necesarias de los operadores sustantivos, sin dejar de lado los ajustes y reacomodos de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información.

Cabe hacer mención que el plazo temporal para cumplir con la obligación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es de 8 años contados a partir del día que se publicó la reforma. Es decir, la fecha límite para que la PGR y en general, todas las instituciones que conforman el SJPA funcionen acorde a la reforma fue el 18 de junio del 2016.

Este hecho no es un dato menor, pues la implementación significa modificar patrones de conducta y prácticas institucionales, fijar las normas y procedimientos que regulen la operación del nuevo sistema, readecuar espacios físicos y dotar del equipo necesario para apoyar las labores del Agente del Ministerio Público, la policía de investigación, los peritos y el personal auxiliar sustantivo. En este sentido, la PGR juega un papel clave en esta transformación, pues es una institución referente a nivel nacional.

En ese sentido, la debida implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se erige como un Eje Transversal puesto como soporte de la gestión de la C. Procuradora General de la República, Arely Gómez González, y cuyos beneficios se verán reflejados en el establecimiento de una procuración de justicia eficaz y eficiente, con pleno respeto a los derechos humanos, así como una debida transparencia y rendición de cuentas.

HAY ALGO QUE DISMINUIRÁ LAS CARGAS DE TRABAJO MEDIANTE UN PROCESO RESTAURATIVO.

En el proceso penal acusatorio se prevé la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias y salidas alternas, por lo que no todos los procesos llegarán a juicio oral, es decir, los conflictos ocasionados por la comisión de un delito pueden ser solucionados a través de procesos restaurativos como la mediación o la conciliación, así como por acuerdos reparatorios entre las partes y la suspensión del proceso a prueba, siempre que esto sea posible. Asimismo, se propone el procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso, que implica que el imputado acepte haber cometido el delito que se le imputa y renuncie a su derecho de ir a juicio oral, en este caso, la pena que se le impone al imputado puede ser menor.

De acuerdo con todo esto, resulta entonces que si en este momento quisiéramos definir cómo es el sistema que la reforma constitucional de junio de dos mil ocho implementó, cómo es el sistema acusatorio en México, la respuesta, en mi opinión, tendría que ser variable, pues dependería de muchas perspectivas diferentes.

LA VISIÓN EN PARTICULAR EN ESTADOS ARROJARA PRESUNTOS IMPUTADOS INOCENTES A LA CALLE.

“El imputado también tendrá garantías para su defensa, tales como enfrentar el proceso en igualdad de condiciones con la parte acusadora, para argumentar y presentar datos y elementos probatorios, asesorado por un defensor y en presencia de un juez”.

 Si vamos a Oaxaca, al Estado de México, a Nuevo León o a Chihuahua, o a cualquier entidad donde se han tomado determinados modelos, la respuesta puede tener un contenido más o menos definido, pero si lo vemos desde el ángulo constitucional probablemente hubiera discrepancias e incorrecciones. Existen Estados de la República donde ya está funcionando el sistema, pero otros donde no, y qué pensar de un sistema que ya está funcionando pero con permanencia aún de disposiciones legislativas que en realidad ya no son compatibles con este nuevo sistema, y que sin embargo en muchos códigos prevalecen.

¿No estaremos en presencia de una normatividad inercial donde únicamente se imita o traslada el contenido de un sistema acusatorio ajeno, pero sin revisar todas las implicaciones consecuentes?

¿Cómo podemos hablar de que estamos en un sistema acusatorio cuando uno de sus principios fundamentales es el acceso a los derechos de la defensa y presunción de inocencia y sin embargo en la sentencia, por ejemplo, se dice que por no haber acreditado la buena conducta “positiva” (aún sin contar con antecedentes) no se tiene derecho a ningún beneficio, imponiéndose la prisión?

Además, ¿cómo interpretar esto si el sistema acusatorio pretende evitar el uso abusivo y la saturación de las prisiones y no obstante, con la presencia de normas incongruentes, no se contribuye a ese fin?…al tiempo.

 

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